Empoderamiento de la sociedad

-Ensayo sobre el "empoderamiento": esbozo de una nueva fase en la lucha política nacional. -Avistaje del pasado reciente: la zorra de Esopo, el Estado negociando, el Estado tensionando. -Hacia una politología realmente emanada de la práctica: fuerza, poder, y el Estado como un órgano centralizado de agitación y propaganda.

por Martín Rodríguez Alberti y Damián Selci

El concepto de “empoderamiento de la sociedad” es la novedad más importante de la política argentina. Lo introdujo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un discurso de 2012 y desde entonces, en forma creciente aunque no demasiado ruidosa, ha ido repitiéndose en sus alocuciones hasta naturalizarse. A primera vista, no se trataría de una primicia teórica: existe una profusa bibliografía que refiere el empoderamiento para describir (y arengar) la lucha de las minorías por el reconocimiento de sus derechos.

Pero Cristina Kirchner habla del empoderamiento de la sociedad y eso comporta, digamos, una doble rareza. Respecto del sentido “académico” del término, esta expresión parece indicar que (contra toda apariencia) la sociedad como tal es una minoría –es verdad: la sociedad está en profunda desventaja frente a lo que se llama (y nosotros llamaremos, por comodidad y por táctica) “los mercados”. Respecto de la política kirchnerista, la rareza es aún más ilustrativa: basta recordar el énfasis que tanto Néstor como Cristina Kirchner han puesto desde 2003 en la “recuperación del rol del Estado”; ahora aparece un complemento singular con la “recuperación del rol de la sociedad”.

El empoderamiento es una etapa del movimiento popular, la actual. Para entenderla (y aun para considerarla con todo rigor una “etapa”) hay que revisar con cierto detalle las anteriores. El punto de apoyo es 2003 –y los 90 son el abismo al que debemos asomarnos, para saber qué pensábamos cuando la desorientación fue máxima.

1- Resistencia sin líder

Hay una fábula (atribuida a Esopo) que ilustra bastante bien la percepción que el movimiento popular tenía del Estado en los años 90. Una zorra, después de mucho trabajar, descubre un racimo de uvas colgando de una rama alta. Hace un intento por agarrarlas, dando un salto, y no lo consigue. Trata de golpear la rama con un palo: tampoco llega. Finalmente trepa por el tronco, pero se resbala y cae al suelo. Entonces, desde el piso, la zorra reflexiona: “Bueno, al final ni siquiera me gustan las uvas”. Lo mismo pensó el movimiento popular luego de las terribles derrotas de los años 70 y 80: lo que objetivamente no se podía alcanzar (el poder estatal) tendió a convertirse, por el hábito de la resistencia, en algo subjetivamente despreciable. El poder del Estado era imposible, pero además era malo. Esta moralidad mínima (donde “lo bueno” y “lo malo” se definen por su accesibilidad) tuvo expresiones intelectuales destiladas: en su encarnación más famosa, la zorra fue John Holloway y afirmó la necesidad de cambiar el mundo sin tomar el poder.

Pero estos avatares teóricos carecen de autonomía; más allá de su puerilidad o de su pertinencia, enuncian la situación mayoritaria del campo popular en un momento determinado. Pueden no ser ideas, pero son fenómenos. El viejo Estado neoliberal sólo existía para los sectores populares como algo peligroso, del que no se recibía ni esperaba nada bueno; muy al contrario, había que estar en guardia para protegerse de sus agresiones políticas y económicas. Inevitablemente, semejante estrategia “anti-estatal” convergía tarde o temprano con una postura antipolítica. Eran pocos los que se encuadraban en organizaciones definidamente políticas: el pelotón militante participaba de “organizaciones sociales”. Proliferaban también las celebérrimas “organizaciones no gubernamentales”, cuyo solo nombre da una idea de la situación. Se llamaba a no votar, a votar en blanco, a impugnar. En los barrios, el principal enemigo del pueblo era el poder armado del Estado: la policía. Tal era el desencuentro entre el movimiento popular y el poder condensado en el Estado: la acción estratégica propuesta y ejecutada a conciencia era “no tomar el poder” para así “cambiar el mundo”. Se trataba de una fase de resistencia, indiscutiblemente, pero (a diferencia del período 1955-1973) era una “resistencia sin líder”, esto es, una pura supervivencia sin conducción[1].

La fase de resistencia termina en 2003. Néstor Kirchner llega a la presidencia y da un nuevo impulso a un viejo mandato: hay que apropiarse, retener y fortalecer el poder del Estado. La simple práctica kirchnerista espantó todos los fantasmas de la teoría politológica reinante: contra lo que pudieran decir John Holloway o Toni Negri, el aparato del Estado es el único compendio de factores de fuerza al que el pueblo puede apelar para condicionar y determinar la conducta de las grandes corporaciones. Esta noción revitalizó espectacularmente la moral militante. Reaparecía, como surgida de la nada, una cuestión antigua (podríamos decir, una cuestión “clásica”): qué se puede hacer (y qué no) con la fuerza del Estado. Por cierto, el Estado no puede hacerlo todo, el Estado no vence. Pero el movimiento popular sólo podía alcanzar este pensamiento cuando el Estado pasaba a estar bajo su control: de ahí la estricta naturaleza práctica del problema.

2- El Estado y el movimiento popular

¿Qué puede hacer el Estado? Conviene arrancar por una distinción teórica aparentemente “abstracta”: la fuerza no es lo mismo que el poder. La fuerza es la capacidad de llevar adelante una acción cualquiera. Pero el poder es la capacidad de determinar las acciones de los demás. Un ejemplo simplísimo: Estados Unidos tiene armamento, es decir fuerza, para invadir a Cuba. No precisa de ningún nuevo desarrollo militar para bombardear la isla ya mismo. Pero no tiene poder para hacerlo (al menos por el momento). Si utilizara la fuerza de todos modos, sin preocuparse en lo más mínimo por las menudencias del poder, pagaría un costo elevadísimo ante la comunidad internacional, lo cual terminaría resultando contraproducente a sus propósitos, cualesquiera sean. La fuerza, para efectivizarse provechosamente, requiere de un baño simbólico de política (por eso el concepto clave de la política es el poder y no la fuerza). A veces, muchas veces, alcanza con un pretexto: si Cuba lanza un misil sobre Washington, entonces aparecen instantáneamente las condiciones políticas (es decir, simbólicas) de la invasión –la invasión sería una “respuesta” (porque hasta la guerra más sangrienta puede asumir la forma de un diálogo, de un intercambio). La fuerza como tal es amoral y presimbólica, pero ocurre todo lo contrario con el poder, que implica siempre alguna ética, alguna legitimidad.

El Estado quedó definido, aunque de pasada, como un compendio de factores de fuerza. En efecto, existen distintas formas de existencia de la fuerza, quizá numerosísimas, pero posiblemente puedan reducirse sin gran pérdida a cinco: el dinero, las armas, la información, la representatividad, la capacidad de movilización. Y como podrá adivinarse, en la construcción del poder de un actor confluyen diversos factores de fuerza. Tener información permite hacer jugadas económicas que aumenten el factor dinero; la representatividad suele redundar una mayor capacidad de movilización, etc. Ahora bien, aunque el poder de un actor esté conformado por distintos factores de fuerza, siempre predomina uno de ellos. Según prevalezca uno u otro, será distinto el tipo de poder que tenga un actor. Aquellos actores que cimentan su poder alrededor del factor dinero, cuentan un poder de tipo económico (así los grandes grupos empresarios). Si el factor que predomina son las armas, el poder será coercitivo (el Ejército, las guerrillas). Cuando lo principal son los contactos y la información, estamos hablando de una suerte de “poder de la intriga”, característico de los operadores políticos. Por su parte, la capacidad de movilización configura típicamente el “poder de calle”. La representatividad, en cambio, es lo distintivo del poder político, su diferencial[2].

¿Qué tipo de factor de fuerza prevalece en el Estado? No hace falta ser gramsciano para responder: la representatividad –incluso la clásica noción punitiva de Weber sobre el “monopolio de la violencia legítima” involucra un piso de representatividad, tanto más decisivo cuanto menos perceptible. El monopolio de la violencia es fuerza pura; el monopolio legítimo es política pura. Pero el Estado es un reservorio enorme de fuerzas de todo tipo. Y como hemos aprendido en 2003, para el movimiento popular el Estado resulta indispensable si pretende, al menos, empardar a su enemigo. Basta notar que las corporaciones controlan miles de millones de dólares (se estima que en el exterior hay 200 mil millones de dólares provenientes de empresas argentinas, siete veces el nivel de reservas del Estado), una infinita red de contactos nacionales e internacionales (en muchos casos son sucursales de monstruosas corporaciones trasnacionales que hasta fuerzan y conducen guerras en otras partes del mundo), una buena porción de la información socialmente disponible y cierta capacidad de movilización digitada por los medios masivos de comunicación. Y todo esto, por cierto, cristaliza en un importante grado de representatividad. De ahí que no haya modo de oponerle resistencia a ese bloque de poder, ni mucho menos de avanzar sobre su formidable andamiaje de fuerza, sino por medio de los factores de fuerza que trae consigo el control del Estado. Néstor Kirchner fue el impulsor de ese giro de concepción y de acción en nuestro país. En poco tiempo puedo arrastrar al conjunto del movimiento popular desde lo “social” (esto es, desde la resistencia al poder del Estado) hacia lo propiamente político, a la utilización del aparato de Estado. Y con ese bautismo inesperado en el ejercicio de las facultades del poder estatal (cuyo última experiencia se remitía al interregno 1973-1974, que por su brevedad no podía ofrecer un “modelo de gestión”), el movimiento popular advirtió una dificultad infinita: el compendio de factores de fuerza que controlaba el Estado resultaba minúsculo frente al arsenal de las grandes corporaciones.

Hay que desmitificar una ficción de amplia circulación respecto de “la fortaleza del Estado”: si de 1976 hasta 2003 el Estado argentino coincidió punto por punto con las grandes corporaciones, sería tropezar en el análisis repetir que durante esa época el Estado era “débil”. En absoluto: el Estado era la sumatoria de los factores de fuerza que le son históricamente propios (monopolio del uso legítimo de la violencia, el tesoro nacional, información de todo tipo, etc.) y además el poder de las grandes corporaciones. Esas corporaciones, hechas Estado, eran tremendamente poderosas. Para empobrecer a millones de personas, para desocupar a millones de trabajadores, se requiere indudablemente de una gran fortaleza. Realmente, hay que tener mucho poder para desbaratar a una sociedad movilizada como lo era la argentina en los años 70. Sin embargo, cuando en 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia y decidió llevar a cabo un cambio revolucionario –la coincidencia del Estado con los intereses del pueblo–, él sí se encontró con un Estado débil en cuanto a los factores de fuerza con los que contaba para consumar ese giro. Porque ahora la ecuación resultaba diametralmente opuesta: se trataba de los factores de fuerza estatales más un débil poder popular (débil porque no había relato, ni instituciones, ni leyes que representaran los intereses del pueblo, porque no había memoria histórica de gestión, porque había un bajísimo nivel de organización, etc.). Y como el poder es relacional (lo que tiene uno no lo tiene el otro), el todavía inmenso poder de las corporaciones-sin-Estado tornaba débil al poder del pueblo-con-Estado. El ejemplo más obvio de ese carácter desfavorable de la correlación de fuerzas lo daban las cuentas públicas, absolutamente deficitarias, con deudas que representaban más del 1000% del nivel de reservas. Una corrida bancaria de diez minutos habría acabado definitivamente con la moneda nacional. Pese al increíble avance que significaba controlar la “trinchera de avanzada” que representa el Estado (la expresión corresponde a Gramsci), el dramatismo de la situación era máximo. Kirchner decía: “estamos en el purgatorio”. La posesión de la trinchera de avanzada peligraba continuamente. Cada hora que Kirchner pasaba en la Casa Rosada constituía, de por sí, un triunfo. En efecto, para un presidente que buscaba “descorporativizar” el Estado (y ponerlo al servicio del movimiento popular), la correlación de fuerzas era tan negativa como la relación entre reservas y deuda: 1000 a 1. La conclusión teórica de lo anterior es simple –el Estado tomado por las corporaciones, ejecutando el programa neoliberal, había sido de temer, pero ese mismo Estado, puesto repentinamente servicio del pueblo, era frágil y quebradizo[3]. ¿Qué hacer?

3- Ensanchamiento del poder estatal: predominio táctico de la negociación

En 2003, Néstor Kirchner gobernaba el Estado nacional, pero había una extensísima red estatal por fuera de su control: gobiernos provinciales, intendencias, legislaturas, ministerios, dependencias estatales nacionales, etc., en buena parte aún dirigidas por las corporaciones (basta recordar que hasta 2008 la Jefatura de Gabinete perteneció al grupo Clarín). En este contexto, la tarea era ensanchar el poder del pueblo-en-el-Estado. Y ensanchar significa controlar más factores de fuerza y acumular más de cada factor: ganar en representatividad, acumular divisas, ordenar a las Fuerzas Armadas, contar con más información, orientar la movilización social. Y precisamente eso hizo Kirchner desde el 2003 al 2007: ganó representatividad y eso se tradujo en votos (poder político); reestructuró la deuda pública logrando una quita del 75% y acumuló reservas (poder económico); reabrió las causas de derechos humanos y se impuso a las intrigas del Ejército (poder coercitivo); desactivó sin represión los miles y miles de piquetes desperdigados por toda la extensión del territorio nacional (poder de calle); le quitó el INDEC a las corporaciones que contaban con toda la información y estadísticas públicas antes que el presidente (poder de intriga). Pero mientras ensanchaba el poder del Estado debía negociar con gobernadores, con intendentes, con sindicatos, con empresarios, y hasta con el mismísimo grupo Clarín porque, como vimos, la correlación de fuerzas era gravemente desfavorable. La gran virtud de Kirchner fue medir el exacto estadío de esa correlación: saber cómo ensanchar negociando. En efecto, no se trata de que el gobierno nacional no tensionara sus relaciones con determinados actores, sino de que la “lógica predominante” a grandes rasgos fue la negociación. Con más exactitud, la característica de esta fase fue el ensanchamiento por satisfacción de demandas con negociación.

4- Ensanchamiento del poder estatal: el predominio táctico de la tensión

Pero el conflicto con las patronales agrarias a raíz de la resolución 125 dio inicio a una tercera fase: la “agudización de las contradicciones” (Néstor Kirchner dixit). Durante ese período se terminó de consolidar el frente nacional y popular bajo la conducción de Cristina y la lógica política predominante (no excluyente) fue la tensión. Las circunstancias de la lucha política nacional indicaron esta operatoria. La agilidad con que Néstor y Cristina Kirchner habían logrado acumular factores de fuerza en torno al Estado obligó a las corporaciones a coordinarse, para organizar una acción directa en sentido contrario. Clarín, los terratenientes y el poder financiero se lanzaron entonces a la insurrección; y el movimiento popular cambió la táctica. Apareció la tan mentada “polarización”. El movimiento popular y las corporaciones se embarcaron en una disputa frontal, en una medición desnuda de la fuerza (movilización social, corridas bancarias, acusaciones abiertas, batalla cultural por el sentido, todo a la vez y sin tregua). En otras palabras, el conflicto con las patronales agrarias implicó un cambio en la táctica de acumulación de poder. Hasta ese momento, el kirchnerismo ensanchaba el poder estatal negociando; pero la violenta toma de partido por parte del grupo Clarín a favor de la Mesa de Enlace tornó imposible cualquier negociación. Más allá de los pormenores de esta lucha, en términos conceptuales debe decirse que esta tercera fase mantiene algo y cambia algo: sigue prevaleciendo el ensanchamiento por satisfacción de demandas (característica natural de todo gobierno popular) pero, desde ahora, con preeminencia de la tensión y no de la negociación. Nuevamente, no se trata de que el gobierno haya dejado de negociar y se haya dedicado única y exclusivamente a tensionar –se trata un cambio en la matriz general de la táctica, que provocó resultados inesperados para todos los analistas: a la batería de medidas gubernamentales para seguir satisfaciendo demandas (aumento de salarios, estatización de las jubilaciones, Ley de Medios, AUH, Fútbol Para Todos, etc.) se le añadía una táctica confrontativa y tensionante, y puede decirse que fue precisamente esta mezcla la que posibilitó la emergencia de un nuevo actor en el movimiento popular: la juventud organizada. También fue durante esta fase que se evidenció, para el conjunto de la sociedad, una distinción que encierra un notorio avance en el grado de conciencia. Para todos, finalmente, quedó claro que una cosa es el gobierno, otra el Estado y muy otra el poder total existente en una sociedad. Se arrojó luz sobre una cuestión central: que el Poder Ejecutivo puede no controlar el total de los factores de fuerza que concentra el Estado –y más importante aún, que otros actores sociales pueden tener más poder que el gobierno y que el Estado: por lo tanto, pueden dirigir a la sociedad haciendo uso de su poder económico, de calle, informativo, etc. La juventud fue especialmente sensible a esta transformación del espacio político. Pero más en general, todo aquel que albergara algún sentimiento contra las corporaciones se volvió kirchnerista. En resumen, esta tercera fase se caracteriza por la articulación creciente de los sectores populares, la construcción de un programa general de movilización y el surgimiento de una voluntad popular organizada y conducida por Cristina.

Pero otra característica de la fase es, por supuesto, el empate. Cristina Kirchner fue reelecta con un impresionante 54% de los votos, y las corporaciones respondieron con una también impresionante corrida bancaria, que menguó las reservas del Banco Central en un 10%. A partir de ese primer intercambio de golpes, la lucha recrudeció hasta niveles increíbles. Las fechas de las movilizaciones requieren una sintaxis adversativa: 8N versus 9D; 18 de abril versus 25 de mayo… Con excepción de las armas (cuya legitimidad en la sociedad argentina es igual a cero –en nuestros términos, son fuerza, pero no significan poder), todos los demás factores de fuerza han salido a la luz. Un día, el gobierno es derrotado electoralmente en la provincia de Buenos Aires por la derecha; cuarenta y ocho horas más tarde, la Corte Suprema obliga a Clarín a desinvertir, con lo que termina perdiendo su rol de conducción opositora. El vértigo de esta batalla es conocido por todos los ciudadanos –lo destacable en términos históricos es que, luego de treinta años de retroceso, pueblo y corporaciones se enfrentan en una correlación de fuerzas, por primera vez, pareja. Y debemos recalcar algo muy importante sobre este empate: de por sí, constituye una victoria táctica del movimiento popular. Empatar contra semejante enemigo supone un grado de cohesión, estrategia e ideología que hacía por lo menos cuarenta años que el movimiento popular no mostraba. La situación actual, por consiguiente y más allá de su evidente inestabilidad, es histórica.

5- La etapa que se abre: el empoderamiento de la sociedad

No es casual que la presidenta haya elegido la movilización del 25 de Mayo de 2013 para instalar la consigna del empoderamiento. Aquel acto –el más masivo de la historia del kirchnerismo, con excepción del Bicentenario, que propiamente fue un “festejo”– debe ser leído dentro de la saga de concentraciones de Huracán en 2011 y de Vélez en 2012. En Huracán, Cristina Kirchner identificó la conducta política que debían adoptar los miles de jóvenes que, de pronto (como si hubieran permanecido agazapados en las cuevas suburbanas que ofrecía el rock, mientras afuera se descongelaba la historia) irrumpieron dando un “salto de tigre al pasado” y se encuadraron en organizaciones políticas peronistas. El discurso de aquel día constituye un programa mínimo de directivas anti-sectarias, destinado especialmente a la juventud (por ejemplo: “no les pregunten de dónde vienen”). Por su parte, la concentración de Vélez en 2012 (donde se lanzó Unidos y Organizados) ofrecía ya un panorama nítido del avance organizativo. Al observar la fotografía aérea de uno y otro acto, se percibe de inmediato la evolución del grado de organicidad del movimiento nacional y popular: en Huracán se distinguen cientos y cientos de colores dispersos representando a otros cientos y cientos de pequeñas organizaciones y conducciones auxiliares, pero la perspectiva aérea de Vélez exhibe no más de diez colores ordenados en el estadio, los típicos de las organizaciones que conforman Unidos y Organizados. Correlativamente, el discurso de Cristina Kirchner en Vélez se basó en la consigna de unidad y organización de esas agrupaciones. En resumidas cuentas, el recorrido fue: dispersión entusiasta en Huracán; organización militante en Vélez; organización militante más masas entusiastas en la Plaza de Mayo. Y por cierto, a cada sujeto Cristina Kirchner le dio su programa de acción. A la juventud le pidió que se organice. A las organizaciones les dijo que se unan y sean solidarias. Y a las masas movilizadas que tienen que empoderarse. Que ese derrotero se haya producido en tan sólo tres años representa un fenómeno político impresionante.

Pero la apertura de la fase de empoderamiento no responde unilateralmente a una voluntad planificada de antemano por la conducción, sino también al contingente fracaso de la acción política elegida para contrarrestar la corrida bancaria con que las corporaciones respondieron a la aplastante victoria electoral de Cristina en 2011: el control de cambios. La gran efectividad demostrada por las corporaciones para crear velozmente un “banco central paralelo”, que permitiera a una ruta de trafico legal de miles de millones de dólares, reveló una nueva verdad histórica: si la apropiación del Estado por parte del movimiento popular permitió llegar a un empate (revirtiendo años de retroceso), es similarmente evidente que, ahora, con el Estado solo ya no alcanza para quebrar la relación de fuerzas. El avance ya no depende exclusivamente de la inequívoca voluntad política de Cristina Kirchner, principalmente debido al hecho de que el movimiento popular se encuentra inhabilitado para volver a elegir a su conductora como presidenta, es decir, para sacar el mayor provecho del factor de fuerza más importante en un contexto democrático: el voto. En efecto, y por consiguiente, después de haber exprimido las posibilidades constitucionales del Estado democrático (proceso electoral incluido), queda por investigar las potencialidades de la sociedad democrática. Todo indica que ha llegado el momento de empoderar a la sociedad, es decir, dotarla de las herramientas que precisa para condicionar a las corporaciones ella misma.

           

Este movimiento táctico, cuya posibilidad recién se está esbozando, puede tener connotaciones enormes. En principio, sólo es comparable al que hizo Néstor Kirchner cuando demostró en la práctica que sin el Estado era imposible avanzar. Ahora Cristina Kirchner ha instruido a su militancia en una noción complementaria: sin la sociedad no se puede avanzar –hay que agitar a las masas de verdad, con prácticas concretas. ¿Y cuál es la herramienta que el movimiento popular ideó para comenzar con el empoderamiento del pueblo? El control de precios.

Los economistas han discutido la eficacia de los controles de precios a lo largo de la historia argentina. En general, nadie piensa que sean una solución de fondo a la inflación (que no es un “problema”, sino un instrumento de las corporaciones para apropiarse del excedente). Pero respecto de su versión actual, denominada “Precios Cuidados”, lo fundamental no es evaluar sus frutos económicos, sino cultivar sus efectos políticos: el programa no apunta simplemente a mantener estable el precio del aceite, porque su horizonte final es elaborar una pedagogía sobre la lucha económica en la Argentina, empezando por la figura del consumidor (es decir, por la esfera del mercado) para llegar a la figura del empresario (es decir, a la esfera de la producción). El Estado controla, autoriza o desautoriza subas y bajas, establece multas, pero el auténtico sentido de estas acciones no es (ni podría ser) “bajar la inflación”, sino más bien incitar al pueblo a que tome conciencia de quién es el enemigo: las corporaciones. La verdad es que el Estado no tiene hoy el poder suficiente para manejar la economía. Pero sí puede convertirse en un órgano centralizado de “agitación y propaganda de masas”: dado que resulta materialmente imposible poner inspectores en todas las bocas de expendio de la producción económica local, la única salida razonable consiste en traspasarle esta atribución a los ciudadanos, poniendo a su disposición canales de denuncia y sobre todo el factor de fuerza “información” –ya que sólo se puede defender el salario mediante un conocimiento exacto y actualizado del precio de la leche, el pan y el aceite, y de la profunda injusticia que significa cada aumento. En resumen, el empoderamiento de la sociedad comienza por la información y debe transformarse en una pedagogía: primero aprendemos que, según el acuerdo, el yogur debe costar 7 pesos, pero luego debemos aprender que las responsables de los aumentos son las corporaciones y que, por consiguiente, hay que considerarlas como el máximo enemigo del pueblo.

Este es el segundo episodio de la batalla cultural. Primero fue la lucha contra Clarín, el aparato legitimador más poderoso de las corporaciones. Terminó en una victoria clara: en lo legal, el Grupo fue finalmente obligado a desinvertir; en lo simbólico, la sociedad visibilizó al Grupo como un actor con intereses –puesto en términos más bruscos, el kirchnerismo esclareció a la población sobre quién era el actor que deslegitimaba a este gobierno y a todos los gobiernos anteriores: Clarín. Digámoslo aún con mayor exhaustividad: la batalla cultural contra Clarín tenía por objeto despejar la cuestión de quién debía tener autoridad y representatividad en el país –los medios de comunicación o el gobierno electo. El paso subsiguiente, más profundo y difícil, radica en esclarecer al pueblo sobre quién es el responsable de su merma en el poder adquisitivo –es decir, quién maneja realmente la economía (al menos en sus resortes estratégicos) y quién debería manejarla. Tradicionalmente, según el mito liberal, la inflación es un “mal” que nadie desea y la responsabilidad debe atribuirse al gobierno y más precisamente al Estado, por su excesiva intervención, y a los trabajadores, por sus excesivos salarios. La batalla cultural de la etapa consiste en alumbrar que la “inflación” no es un mal, sino una táctica de apropiación del excedente económico, que las corporaciones ganan fortunas con este negocio, y que el pueblo debe consustanciarse con el Estado para combatirlas. Toda pedagogía necesita símbolos: si de lo que se trata es de concientizar al pueblo en conjunto sobre quiénes son sus opresores económicos, resulta “natural” que el escenario de la lucha esté representado por el supermercado, precisamente el sitio donde se realiza la transferencia del excedente –precisamente, el lugar donde el pueblo se abastece de los productos necesarios para garantizar su autorreproducción, su vida.

A la injusticia debe añadírsele la conciencia de la injusticia –y el nombre de sus responsables, para volverla más insoportable, más movilizante. El empoderamiento de la sociedad consiste, en una primera etapa, en delegar tareas de control en el pueblo mismo, confiando que la práctica es el camino más directo hacia la teoría; esto significa que el pueblo sólo puede tomar conciencia teórica de que la “contradicción principal” es “pueblo versus corporaciones” precisamente luchando contra las corporaciones, es decir, mediante la propia experiencia de lucha –sólo entonces las “corporaciones” dejarán de ser un significante difuso, lejano, escuchado de oídas en la televisión, para volverse el nombre concreto del sufrimiento concreto. Debido a su naturaleza social (esto es, generalizada y cotidiana), la disputa con las corporaciones no puede dirimirse en oficinas estatales: debe generalizarse a cada góndola y en cada supermercado, debe ser tan permanente y cotidiana como la necesidad de conseguir pan. Todo parece indicar que esta es la táctica que Cristina Kirchner ha establecido para la nueva fase: la politización extrema de la vida cotidiana.

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[1] El contraste entre las consignas primordiales de estas dos resistencias (la que luchaba contra la proscripción del peronismo, la que enfrentaba al neoliberalismo) evidencia de manera tajante la importancia de la conducción. Una cosa es “Perón Vuelve”, la contraria es “Que se vayan todos”. En un caso se reclama el regreso del conductor, en otro la retirada general de la dirigencia política. Es la pequeña diferencia entre resistir con líder o sin él: en su punto culminante de movilización y lucha, la resistencia popular al neoliberalismo no sabía el nombre de su conductor. (Los kirchneristas entrenados en la dialéctica hegeliana podrán argüir que, paradójicamente, cuando el pueblo pudo efectivamente pedir que se fueran todos, entonces se produjo un “segundo regreso de Perón” –bajo la figura, claro está, de Néstor Kirchner.)

[2] Esto no quiere decir que un actor con poder económico no puede contar con representatividad; de hecho, sucede lo contrario: el discurso de Clarín orienta a una parte importante de la población, es representativo de ella, y Clarín, por supuesto, tiene un poder eminentemente económico (lo cual le permite contar luego con otros factores, como contactos e información). Ningún actor tiene un solo tipo de fuerza, aunque uno de ellos predomine sobre los demás.

[3] Esto se debe a que el proceso previo a la “toma del poder” en nuestro país no fue sido precedido por altos grados de cohesión y coordinación del movimiento popular (como, por ejemplo, en Bolivia, donde el MAS contaba con años de organización, movilización, una conducción indiscutida, un programa). En el caso argentino, no hubo un pueblo empoderado que recuperó el  control del Estado después de un largo proceso de acumulación política, sino un desmoronamiento de la hegemonía neoliberal, que merece un análisis separado.